Actualmente la práctica más común para la adjudicación de contratos públicos son métodos en los que se valora un oferta económica y una oferta técnica o bien el conjunto de ambas.
A la vez, actualmente, existe cada día un mayor número de empresas con sistemas de gestión (Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud) en la mayoría de los casos certificados por una entidad acreditada bajo normas internacionales ampliamente reconocidas y de demostrada eficacia (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).
Estas empresas aportan una serie de esfuerzos y una serie de recursos (económicos, humanos, materiales) para implantar, mantener y mejorar unos sistemas de gestión, que se traduce (o debiera traducirse) en que los trabajos realizados por estas empresas cumplen con los requisitos y a satisfacción de los clientes, preservando o minimizando los impactos en el medioambiente a la vez que se evitan o reducen los riesgos y accidentes laborales.
Todos estos sistemas se basan en la gestión por procesos que sigue el ciclo de Planificar- Hacer- Verificar- Actuar.
Estos procesos necesitan de unos indicadores que nos permiten revisar y mejorar el sistema.
Aunque los indicadores son propios de cada empresa, no son muy diferentes unos de otros, dado que las Normas y sus requisitos son las mismas en todos los casos.
Luego, existiendo en la práctica estos indicadores (necesarios para las empresas certificadas) podrían ser utilizados como forma de valoración para la adjudicación de contratos y obras públicas.
Algunos ejemplos de estos posibles indicadores podrían ser:
– Número de reclamaciones de clientes/ nº total de contratos adjudicados. (Calidad)
– Porcentaje de reducción de superficie afectada respecto a la de los proyectos adjudicados. (Medioambiente)
– Nº Accidentes (o incidentes) respecto al importe de los contratos adjudicados en los últimos años. (Seguridad y Salud)
– Número de proyectos de investigación e innovación respecto a los contratos adjudicados en los últimos cinco años. (I+D+i)
Por último, y ya que algunos Organismos Públicos tienen implantados a su vez sistemas de gestión certificados (por ejemplo ADIF en España para la gestión de las infraestructuras públicas ferroviarias), la inclusión de estos nuevos criterios evaluadores se podría considerar como acciones de mejora en sus respectivos sistemas de gestión.